¿Cuántos periodistas han sido sancionados en México por mentir o difamar? ¿En qué página se publican los desmentidos a una información? ¿Dónde está la frontera entre libertad de expresión e impunidad? ¿Por qué los medios no tienen defensores del lector (o el radioescucha o el televidente)?
Y podríamos seguir. Y sobre todo tipo de información: de espectáculos, sobre política, deportiva… Hoy, amparados en la libertad de expresión, los medios disfrutan de su impunidad y, lejos de todo principio ético o al menos de rigor periodístico, publican y difunden mentiras, que nadie sanciona.
¿Quién se atreve a demandar a un periodista?
Ese es el único objetivo de este blog: revisemos a los medios y digamos claramente cuando mienten. Y no se vale denunciar que este blog aspira a regresar a los viejos tiempos del control gubernamental sobre la información y los medios. Mi única aspiración, como periodista que soy, es recuperar la credibilidad de los medios, a partir del rigor con el que debemos trabajar. Nada más.
Estoy convencido que no se vale editoriales disfrazados de información, no se vale colar notas pagadas para mentir al lector o televidente, no se vale el abuso de las “fuentes bien informadas”, no se vale meterse en vida privada, no se vale no cotejar la información… En resumen, no se vale el mal periodista y la soberbia de ni siquiera aceptar un error.
Va un primer ejemplo a discutir:
No importa cuál es nuestro juicio sobre el trabajo de Guillermo Valdés, responsable del máximo órgano de inteligencia del gobierno en México. Pero ¿es lógico que diputados y senadores pidan su renuncia, basados en una nota falsa?
Contexto: El Universal, bajo la dirección de Raymundo Riva Palacio, publicó en mayo pasado una nota titulada: “Paga el CISEN para espiar al Congreso”. Era la nota principal.
Pero la simple lectura de la nota que la empresa Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas no espiaba a nadie, sino recababa información pública.
Insisto: enjuicie a Guillermo Valdés por sus resultados al frente del CISEN. Se puede objetar, por supuesto, la contratación de esta empresa en particular. Se puede debatir la pertinencia de que el CISEN contrate cualquier empresa para recabar información y, obviamente, se puede documentar si hubo o no irregularidades en la contratación de la empresa.
Lo que no se puede hacer es hablar de espionaje.
¿Cuándo se disculpó El Universal?
